No es muy difícil asegurar para la sociedad la vigencia de la libertad de prensa y de expresión en general.
Basta, para ello, abolir el monopolio privado de los medios materiales de comunicación y repartir su uso o usufructo entre la diversidad de las organizaciones políticas y sociales (artísticas, culturales, científicas, educacionales, deportivas), asegurando la participación de las diversas corrientes ideológicas y de ideas que actúan en su seno.
El proyecto del gobierno tiene otro sentido.
En primer lugar, ratifica la presencia de los monopolios mediáticos existentes y facilita el ingreso de otros nuevos –como los de la telefonía, lo cual incluye a los capitalistas amigos como el grupo Werthein-Telecom (de la Caja de Ahorro y Seguros).
Esta ratificación es un hecho de fondo dado el cuestionamiento reiterado que ha sufrido la ley de la dictadura por este motivo.
Es también esencial porque abre paso a los monopolios capitalistas que se han desarrollado con las nuevas tecnologías de comunicación (telefonía-internet-televisión).
Es, podríamos decir, incluso crucial, dada la tendencia de las luchas sociales de las últimas décadas a cuestionar el orden precedente.
En resumen, el proyecto oficial reafirma el derecho a la explotación capitalista de la información y el derecho a subordinar o condicionar la libertad de expresión a los intereses de los grupos capitalistas de los medios.
La enorme capacidad económica de estos monopolios y la amplitud de sus relaciones financieras, crean una posición privilegiada para la des-información, el cercenamiento de la opinión y la desvirtuación de la cultura o el arte.
La ley de la dictadura, que está aún vigente, es la expresión de todo el régimen político actual, tanto de oficialistas como de opositores, porque recuerda que más de la mitad de la legislación que todavía rige fue dictada por los gobiernos militares.
La democracia argentina no es un estado de derecho sino de excepción, un régimen inconstitucional.
Es verdad que el proyecto K pretende estatizar el 33 por ciento del espacio de comunicación, pero esto no es de ningún modo un progreso ni es contradictorio con la reafirmación del derecho a la explotación privada en gran escala, porque el Estado podría tercerizar o arrendar a grupos económicos o fundaciones ligadas a ellos la producción de contenidos y programas.
El matrimonio oficial ha hecho de estos trucos una profesión: tercerizó, por ejemplo, el sistema de obras públicas por medio de fideicomisos, para burlar las auditorías del Congreso.
O creó Enarsa, para licitar la explotación de la plataforma continental.
Pero la estatización de la opinión o de la expresión puede ser incluso peor que el monopolio privado, porque el Estado concentra el poder político del capital, tiene el monopolio de la fuerza y opera por medio de una burocracia tanto o más conspirativa que los ‘servicios’ privados, pero más centralizada (al menos en principio).
En el programa de los socialistas del Partido Obrero, la abolición del monopolio privado y estatal sobre la información y la prensa constituye el primer paso hacia la disolución del propio Estado como instrumento histórico de coacción.
La libertad real de expresión es la base de la libertad política y, por lo tanto, esencialmente contradictoria con el Estado.
El último aspecto del proyecto es que habilita un espacio de comunicación (otro 33%) para el llamado “tercer sector”, que incluye desde una universidad a una ONG o una fundación, pasando por sindicatos o clubes de fútbol.
Esta generosidad llama la atención de parte de un gobierno que mantiene en la ilegalidad a la mayor parte de los medios de este sector –algo que podría haber superado por medio de una resolución.
Pero este ‘tercer sector’ no es independiente, como ocurre con las fundaciones y ONGs que tienen financiamiento privado o estatal, o en el caso de los sindicatos burocráticos, que son estructuras paraestatales para regimentar a los trabajadores.
El gobierno de la ‘borocotización’ permanente (mejor dicho crónica) pretende, en este caso, alentar lo que él mismo dio en llamar proyectos ‘público-privados’, como ocurre con el uso del dinero de la Anses para comprar deuda pública o ‘invertir’ en empresas.
Estas características del proyecto kirchneriano lo distinguen del chavista, que es definidamente estatista –los funcionarios nombrados en los medios deben jurar por la Constitución, o sea que podrían llegar a ser juzgados como traidores a la patria (“que dios y la patria me lo demanden”).
En todo caso, un par de pymes de la comunicación o un funcionario de medios más creativo no cambian el escenario –ni se podría decir que servirían para adornarlo.
Durante más de cuatro años, los funcionarios kirchneristas discutían con los funcionarios de Magneto la tapa de Clarín del día siguiente.
Un matrimonio no se disuelve por razones de principios, sino cuando la convivencia entra en crisis.
La escaramuza con Clarín es la expresión de una crisis política más general, de ningún modo “un retorno a las ideas”; no hay que confundir dinamismo con viejazo.
Es una crisis de régimen: no solamente el gobierno está en la picota, lo mismo le pasa a Clarín –es un monopolio asediado por otros monopolios y cuestionado por una mayoría social a la que no le importaría que lo pasen a mejor vida.
No hay que descartar, entonces, que se busquen un compromiso o que armen un impasse legislativo hasta encontrarlo.
¿Vamos a dejar que lleguen a un arreglo sobre nuestras espaldas?
¿Vamos a aceptar la trampa del mal menor, con K contra Clarín o con éste contra la camarilla, para dejar que al fin transen por encima de nosotros?
¿O vamos a caer en la pusilanimidad centroizquierdista, que ofrece sus votos a cambio de una modificación en la designación del órgano de aplicación, o de la cuota para las provincias o del lugar de la CTA?
Así como un reo no puede alegar ignorancia del delito, el centroizquierda no puede escudarse en el desconocimiento del carácter de clase del Estado y la falta de transparencia y corrupción de su burocracia.
Pero tenemos una opción: hagamos reuniones y discutamos el tema, e impulsemos una campaña de pronunciamientos con las conclusiones que permitan conquistar en forma efectiva la libertad de expresión.
Nacionalización de las empresas capitalistas de medios de comunicación y distribución de esos espacios a los partidos políticos efectivos –de acuerdo a su influencia real medida por los votos y la participación pública– y a todas las organizaciones sociales que no tienen motivación de lucro, asegurando la presencia en los espacios de comunicación de la gama o diversidad de sus tendencias ideológicas.
