«QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS CAPITALISTAS»

Lista 14 - Lista 257

viernes, 25 de junio de 2010

BARILOCHE, MUY CERCA DEL PUENTE PUEYRREDON


Maximiliano Kosteki, Darío Santillán.

Todos sabemos quiénes son. Cayeron asesinados hace ocho años, en las cercanías del Puente Pueyrredón.

Diego Bonefoi, Matías Carrasco, Sergio Cárdenas. ¿Quiénes son?

Los mató la policía en Bariloche, hace sólo cinco días.

En el caso de Matías y Sergio, cuando marchaban en protesta por la muerte de Diego.

Igual que Kosteki y Santillán.

Los mató la policía de un gobierno radical-kirchnerista.

O sea, de los que decían que “nunca habrá un muerto por una represión”.

El gobierno de los “derechos humanos” es un represor implacable de toda lucha consecuente.

Es su medicina contra los que desafían la miseria salarial, las jubilaciones de indigencia o la contaminación ambiental.

Siguiendo ese libreto, los Kirchner criminalizaron a Gualeguaychú.

Este gobierno, que fue incapaz de castigar a los represores políticos del Puente Pueyrredón, uno de los cuales es su jefe de Gabinete, quiere adueñarse de la jornada de lucha del Puente.

Convertirla en un episodio de su “interna” contra Duhalde, pero incapaz, repetimos, de hacer justicia.

El próximo 26 vamos al Puente a levantar el mismo reclamo que atronó, días atrás, en los barrios de Bariloche.

¡Juicio y castigo a los culpables!

¡Cárcel a los genocidas!

Libertad de organización para luchar por el salario, por el trabajo, por los derechos que, todos los días, nos niega el régimen social que armó a los asesinos de Maxi y Darío.

viernes, 18 de junio de 2010

A LOS JUBILADOS, NI JUSTICIA

A LOS JUBILADOS, NI JUSTICIA

Después de la cesación de pagos de 2001, algunos banqueros le iniciaron un juicio al Estado argentino. Querían cobrar por sus títulos de la deuda externa, aun cuando ésta ya había sido pagada varias veces.

Diez años después, el gobierno kirchnerista convocó a esos especuladores. “Vamos a cumplir con ustedes”, les dijo.

Y ofreció cambiarles su deuda por otros títulos, que valen el doble de los bonos que tienen en sus manos.

Bajo la amenaza de los tribunales de Nueva York, el canje de deuda les dará a esos usureros lo que venían reclamando.

Pero en otros tribunales, los de Argentina, otros acreedores multiplican sus reclamos.

No son banqueros: son simples jubilados.

De a centenares, de a miles, exigen lo elemental: que se reconozca la actualización de sus haberes, casi congelados durante una década.

Incluso la Justicia ya falló a favor de algunos de ellos. A partir de allí, ¿se extendió esa sentencia a todos los jubilados?

Para nada. La Anses de Kirchner apela los fallos y, llegado el caso, los desconoce.

Los jubilados pueblan los juzgados y engordan expedientes.

El gobierno que los bicicletea inventó su propia “movilidad jubilatoria”, tan trucha como la de sus antecesores. Gracias a ella, el 80% de los jubilados no gana ni la mitad de una canasta básica.

Pero entonces, ¿a dónde van los recursos de la Anses?

A pagarles a los otros “acreedores”, los dueños de la deuda externa.

A prestarles plata, a bajo interés, a los capitalistas.

La “justicia” (de Nueva York) le arrancó al gobierno de los Kirchner lo que piden sus banqueros.

Pero a los jubilados, “ni justicia”. Aunque se trate de los tribunales argentinos.

¿No sería hora de parar este atropello?

Luchemos por el 82% móvil, por una jubilación mínima de 2.000 pesos, por el control de la Anses por parte de trabajadores y jubilados.

jueves, 10 de junio de 2010

DEFENDAMOS A GUALEGUAYCHU


Fuera la Gendarmería, de Kirchner, Cristina y Botnia

La Gendarmería está convocada al puente de Gualeguaychú. La prensa informa que procedería a desalojar el corte.

El gobierno afirma que no habrá represión. Pero es una media verdad y una completa mentira: se pretende abrir causas judiciales contra los compañeros.

Es el primer paso, mientras los palos están en la gatera.

Son los que supieron usar los Kirchner contra los docentes y petroleros de Santa Cruz, contra los obreros de Kraft o contra los trabajadores del Casino que enfrentaban a Cristóbal López, un capitalista emblemático del gobierno.

El juez que acató la orden presidencial de “judicializar” el Corte es el mismo que hace tres años tiene paralizada una causa penal contra los contaminadores de Botnia.

El gobierno que promueve el “in crescendo” represivo es el mismo que declaró, tiempo atrás, que Botnia era una “causa nacional”.

Pero ¿qué “causa nacional” pueden defender los que buscan “volver a los mercados” del capital financiero, los que continúan pagando una usura recontramillonaria a la banca extranjera?
Los que entregan nuestros recursos a los monopolios mineros, petroleros y... papeleros.

La represión a Gualeguaychú es una ofrenda a los banqueros y a los pulpos capitalistas.

Fue pactada en el ambiente bucólico de una estancia de la oligarquía rioplatense entre Mujica y Cristina.

Es para asegurar los beneficios de los depredadores capitalistas que Cristina pretende salarios de miseria, jubilados que cobran 800 mangos y manotear las reservas y los recursos de la Anses.

Por eso, y mientras se anunciaba la represión a Gualeguaychú, los estatales se movilizaban en el centro de la Capital contra el miserable aumento oficial (21%) y los desocupados del Polo Obrero luchaban en el Puente Pueyrredón. Esta sí es una causa nacional.

jueves, 3 de junio de 2010

SALARIOS - Sube la marea


Desde hace varios días, los capitostes de la Unión Industrial y la CGT se debaten en urgentes reuniones.

¿Qué discuten?

Cómo ponerle un freno al reclamo salarial que sube desde las bases.

El que impuso, desde los piquetes de las fábricas cordobesas, un aumento del 35% para los obreros de la alimentación.

“No se preocupen, no pretendemos tanto para Camioneros”, le dijo Moyano a la Unión Industrial.

No sólo es un anuncio: es también una confesión. La burocracia nunca quiso arrancar un aumento que compensara, siquiera, el avance galopante de la inflación.

“No podemos reclamar más”, se justifican la CGT y la CTA.

Pero los patrones han obtenido todos sus “reclamos”. Desde la liberación de sus precios a la plata del Banco Central y la Anses para financiar sus negociados.

Mientras tanto, a los jubilados les imponen una jubilación mínima que no llega a la mitad de la “canasta de pobreza”.

Pero los patrones y el gobierno sí tienen motivos para preocuparse.

En la lucha de la alimentación, en los estatales del interior, en la juventud de los call centers y supermercados, en Luz y Fuerza, en los telefónicos, la marea sube.

La bronca también resuena entre los jubilados docentes – un sentimiento que recorre a todos los jubilados.

Ni Moyano ni Yasky pueden decidir por nosotros.

En todas las fábricas, talleres y reparticiones, deliberemos para imponer el 35% de aumento mínimo, la reapertura de paritarias de los que firmaron por menos y la indexación salarial acorde a la inflación; la jubilación mínima de 1.600 pesos y la vigencia real del 82% móvil.